SANIDAD: GLOBALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DESDE LA UNIÓN EUROPEA

marzo 20, 2010 at 11:58 am 2 comentarios

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha negociado con la Unión Europea el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos con objeto de permitir la implantación de las compañías de seguros sanitarios.

El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) pretende obligar a los gobiernos a reducir todas las regulaciones internas que impidan el comercio a nivel internacional, y a derogar todos los procedimientos o normas técnicas que impidan o limiten la implantación de hospitales y servicios sanitarios privados. En caso de acuerdo la OMC puede anular unilateralmente las normativas estatales de los diferentes países que la integran y sancionar a quienes no cumplan sus acuerdos y resoluciones.

El AGCS establece medidas dirigidas a eliminar las trabas legales nacionales a la implantación de empresas sanitarias, a abrir los sistemas sanitarios a la libre competencia y a promover la libre circulación de capitales y empresas entre los países de la Unión. Se pretende eliminar los sistemas sanitarios públicos, retirar las subvenciones a los mismos, reducir el gasto sanitario público y restringir la capacidad reguladora de gobiernos en sanidad y asistencia social.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) está promocionando la desregulación y privatización de los sistema sanitarios.

La Oficina Regional Europea de la OMS, ha revisado y dado por acabada la Estrategia Salud Para Todos en la zona, sin haber desarrollado una parte esencial de la misma (acabar con las desigualdades, reorientar los sistemas sanitarios a la promoción de salud y poner la atención primaria en el eje de los mismos).

Estos objetivos de salud han pasado a un segundo plano y han sido reemplazados por otros de naturaleza económica y de mejora de la eficiencia. Las principales medidas están destinadas a reducir gasto público e introducir cambios en la financiación, la organización y la prestación de servicios.

Así, en la Conferencia sobre Reformas Sanitarias en Europa de Ljubiana en 1995 de la OMS, se fijaron como prioridades sanitarias los temas de naturaleza económica y los relacionados con la gestión eficiente de los recursos, en detrimento de los epidemiológicos y sanitarios.

La Comisión Europea, está controlada por lobbies de presión de las multinacionales que imponen sus intereses como la Transatlantic Business Dialogue, el European Services Forum o la Coalición Estadounidense de Servicios Industriales…

La Comisión ha dictado dos importantes leyes destinadas a la privatización sanitaria:

El Tratado de Maastricht, que limitó la capacidad de endeudamiento público de los gobiernos europeos con el argumento de la convergencia para la moneda única. Este acuerdo estableció que déficit público de cada país no debería superar el 3% ni su endeudamiento el 60% del PIB, limitación que se acompañó con la trampa contable de que el sistema de contabilidad de la UE   NO consideraría como endeudamiento público el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada o por servicios contratados con empresas privadas. Esta medida pretende, en lo que concierne a la sanidad, recortar el gasto sanitario público y que la financiación de las nuevas infraestructuras públicas, incluyendo las sanitarias, como hospitales o centros de salud, se realice recurriendo a la financiación privada, a la que se cede la gestión y explotación de hospitales y centros de salud.

Gracias a esto, las multinacionales del sector de servicios sanitarios, los grupos financieros o las grandes constructoras se apoderan una parte sustancial de los fondos públicos destinados a salud.

La Directiva Bolkestein pretende que las empresas de los países de la UE (incluidas las sanitarias) puedan instalarse en cualquier país de dicha Unión. Ningún país podrá oponerse a esto y además deberá financiarlas con dinero público y las empresas no estarán obligadas a acatar el sistema de la seguridad social ni el sistema sanitario del país.

El objetivo de esta directiva es eliminar las restricciones y leyes nacionales que limitan la implantación de empresas sanitarias privadas, recurriendo al principio de “país de origen”. Las empresas de servicios en la UE tendrán que obedecer solamente a los requisitos de su país de origen, en el que radique su sede social, mientras que a los estados donde se instalen o suministren servicios, no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo.

Estas medidas se han aplicado con el apoyo de omnipotentes grupos de presión integrados por las aseguradoras y multinacionales sanitarias, con la colaboración de políticos de casi todos los partidos, de profesores universitarios, de economistas, de gestores, de sociedades profesionales, de empresarios o de periodistas, en muchos casos, a sueldo de las mismas.

TEXTO COMPLETO EN:

GLOBALIZACIÓN Y SALUD 2009

Fundación Sindical de Estudios

EDICIONES GPS-MADRID

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